VIVIENDO EL PRESENTE
En la naturaleza humana todos nos sentimos especiales, diferentes. En el mundo empresarial buscamos ser especiales, diferentes, como un signo revelador de nuestro potencial. El sector veterinario de los animales de compañía vive en sus carnes esta realidad diferenciadora desde hace mucho tiempo, acentuándose tanto en los últimos años que se diría que vive en un mundo paralelo de ficción incomprensible.
Es esta situación, precisamente, la que motivó, en 2014, la creación de la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE). Desde el principio nos ha movido una fuerza reformista, porque alcanzamos un nivel de hartazgo que nos impulsa a trabajar incansablemente en pos de un reto titánico. Cambiar estructuralmente las bases de un sector, el de los centros sanitarios veterinarios, que sigue anclado en el siglo pasado. Alcanzar el reconocimiento pleno del status sanitario de nuestros centros es, sin duda, nuestro reto principal. La realidad y la lógica así lo demandan. Regular el mercado laboral, en unión con los sindicatos, es otra necesidad que la sociedad nos exige. Y defender los derechos de nuestros clientes luchando para que el acceso a estos servicios sanitarios deje de ser considerado un lujo, gravado con el tipo máximo posible de IVA. Esta limitación en el derecho de los ciudadanos para acceder a unos servicios sanitarios veterinarios sin una sobrecarga tributaria ha derivado en un descenso en el uso de estos servicios, que ha desembocado en un aumento de riesgo en la transmisión de enfermedades de los animales a las personas y en un quebranto económico de las empresas del sector, como demuestra el estudio titulado “informe sobre la situación socioeconómica y laboral del sector veterinario de animales de compañía en España”, realizado por el Dr. Óscar Gutiérrez Aragón, director del Departamento de Empresa, y el Dr. Gaspar Berbel Giménez, profesor del área de estadística del Departamento de Empresa, de la Escola Universitària Mediterrani de Barcelona, adscrita a la Universidad de Gerona, que revela que la modificación del tipo de gravamen de IVA aplicable a los servicios veterinarios ha perjudicado notablemente al tejido empresarial del sector, que ha reducido sus márgenes de beneficio o directamente ha entrado en pérdidas, a los clientes, que se han visto afectados por un alza de los precios, a los proveedores, que han disminuido sus ventas al sector, a los trabajadores, que han padecido pérdidas de empleos y bajadas salariales y, finalmente, a las arcas públicas, que, aunque hayan aumentado los ingresos derivados de la recaudación del IVA de estas actividades, han reducido los ingresos derivados de las cotizaciones a la seguridad social del sector, los procedentes de la recaudación del impuesto de sociedades y los percibidos en concepto de IRPF asociados a la merma de las retribuciones de los trabajadores veterinarios (tanto autónomos como asalariados).
CEVE ha sido muy activa en su lucha contra el injusto incremento del IVA del sector. Ha impulsado la presentación de diversas enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado de los últimos años. No podemos ocultar nuestra decepción porque el veto gubernamental haya impedido siquiera que se hayan debatido en el pleno del Congreso. CEVE también ha colaborado en la promoción de una histórica Proposición No de Ley (PNL) sobre la rebaja del IVA en los servicios veterinarios en el Pleno del Congreso de los Diputados, el 4 de octubre de 2016, día de S. Francisco de Asís, patrón de los veterinarios. PNL que fue aprobada y que debería haber impulsado el retorno al tipo reducido del IVA veterinario de los animales de compañía. Sin embargo, este logro sigue esperando a que un gobierno quiera dar cumplimiento al mandato de la cámara baja. Los recientes e inesperados cambios en la presidencia del gobierno nos hacen albergar esperanzas de que nuestras peticiones sean miradas con ojos más comprensivos.
¿Esperanzas infundadas? Creemos que no. Tenemos razones que nos hacen ser más confiados.
CONOCIENDO EL PASADO
Repaso al devenir del IVA Veterinario
La integración de España en la Comunidad Económica Europea (CEE), junto a Portugal, se produjo el 1 de enero de 1986. La adecuación normativa precisa para cumplir con las imposiciones económicas supuso, por ejemplo, la aprobación de la Ley 30/1985, de 2 de agosto, del Impuesto sobre el Valor Añadido y del Real Decreto 2028/1985, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, que la desarrollaba.
La ley30/1985 recogía lo dispuesto en la Directiva 77/388/CEE del Consejo. Esta directiva permitía que los Estados miembros pudieran dejar exentas de IVA las prestaciones de cuidados proporcionados a los animales por los médicos veterinarios.
Así, Grecia cuando se unió a la CEE en 1981, aplicó esta opción y dejó exentos de IVA los servicios veterinarios. Lo mismo hizo Portugal. Si bien la actividad veterinaria es reconocida como una parte del sistema sanitario español por diversas leyes, empezando por la Ley 14/1986, General de Sanidad, España, a pesar de haber podido aplicar esta exención, optó por aplicar el tipo general, entonces del 12%, sin siquiera valorar la aplicación del tipo reducido, entonces del 6%, que sí aplico a los medicamentos y material sanitario para uso animal.
La exención facultativa del IVA de los servicios veterinarios, por parte de los Estados miembros, finalizó el 1 de enero de 1992, según estableció la Directiva 89/465/CEE del Consejo. A Portugal se le concedió un plazo mayor, hasta el 1 de enero de 1994, para eliminar la exención del IVA a los servicios veterinarios.
El sector sanitario español disfrutó de la exención del IVA desde su instauración, con la única excepción de los servicios veterinarios. Así, quedaron exentas las prestaciones de servicios de hospitalización o asistencia sanitaria (incluidas las prestaciones de servicios de alimentación, alojamiento, quirófano, suministro de medicamentos y material sanitario y otros análogos prestados por clínicas, laboratorios, sanatorios y demás establecimientos de hospitalización y asistencia sanitaria), la asistencia a personas físicas en el ejercicio de profesiones médicas y sanitarias (incluidas las prestaciones de asistencia médica, quirúrgica y sanitaria relativas al diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades, incluso las de análisis clínicos y exploraciones radiológicas) y las prestaciones de servicios realizadas en el ámbito de sus respectivas profesiones por estomatólogos, odontólogos y protésicos dentales, así como la entrega, reparación y colocación, realizadas por los mismos, de prótesis dentales y ortopedias maxilares.
La Ley 33/1987, de Presupuestos Generales del Estado para 1988, encuadró en el tipo reducido las especialidades farmacéuticas, las fórmulas magistrales, los preparados oficinales, las gafas graduadas, las lentillas y los complementos y aparatos que, objetivamente considerados, solamente pueden destinarse a suplir las deficiencias físicas del hombre o de los animales, así como los productos, material, equipos e instrumental que, objetivamente considerados, solamente puedan utilizarse para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar las enfermedades o dolencias del hombre o de los animales.
El tipo general del IVA se incrementó hasta el 13% en enero de 1992 y hasta el 15% en agosto de 1992.
Debido a la creación del Mercado interior de la CEE, que inició su funcionamiento el 1 de enero de 1993, se promulgó la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que derogó la Ley 30/1985. Esta ley, continuista de la anterior, mantenía gravados con el tipo reducido a los servicios veterinarios, incluidos dentro de la asistencia sanitaria, dental y curas termales que no gocen de exención.
La Ley 41/1994, de Presupuestos Generales del Estado para 1995, modificó la ley 37/1992 incrementando el tipo de gravamen reducido del 6 al 7% y el tipo general del 15 al 16%. Además, introdujo por vez primera la diferenciación de los servicios veterinarios prestados en favor de titulares de explotaciones agrícolas, forestales o ganaderas, necesarias para el desarrollo de las mismas, del resto de servicios veterinarios. Esta diferenciación fue meramente nominal, pues ambos servicios veterinarios quedaban gravados por el mismo tipo reducido.
La Directiva 2006/112/CE, del Consejo, no varió la posibilidad de aplicar un tipo de IVA reducido a la prestación de servicios de asistencia sanitaria y dental, así como de tratamiento termal, en tanto en cuanto no se encuentren exentos de tributación, y deja en manos de los Estados miembros la facultad de aplicar un tipo de IVA reducido a los servicios veterinarios. Debido a que no se introducía ninguna disposición en la aplicación del IVA vigente en ese momento para los servicios veterinarios, no fue necesario modificar la Ley del IVA.
La Ley 26/2009, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, elevó de nuevo el tipo reducido, en este caso hasta el 8%. Y el tipo general pasó del 16 al 18%.
El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, incrementó el tipo reducido del 8 al 10% y el tipo general del 18 al 21%. Introdujo, además, una novedad histórica. Por primera vez algunos servicios sanitarios pasaron a estar gravados por el tipo general. En concreto, dejó de estar gravada por el tipo reducido la asistencia sanitaria, dental y curas termales que no gozase de exención. La exención de IVA afectaba a las prestaciones de servicios realizadas en el ámbito de sus respectivas profesiones por estomatólogos, odontólogos, mecánicos dentistas y protésicos dentales, así como la entrega, reparación y colocación de prótesis dentales y ortopedias maxilares realizadas por los mismos, cualquiera que sea la persona a cuyo cargo se realicen dichas operaciones.
Como se mantuvo en el tipo reducido a los servicios veterinarios prestados en favor de titulares de explotaciones agrícolas, forestales o ganaderas, necesarias para el desarrollo de las mismas, en la práctica el único servicio sanitario que se vio afectado fueron los servicios veterinarios prestados en favor de los animales de compañía.
Esta impopular medida fue tomada en un momento de grave crisis económica, pero con el inicio de la recuperación económica se empezaron a tomar iniciativas legislativas que trataban de revertirla. La primera de ellas le correspondió al Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) que, durante la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 presentó una enmienda que proponía recuperar la aplicación del tipo reducido para “los servicios veterinarios cuando tengan por objeto la prevención, diagnóstico o tratamiento de las enfermedades o dolencias de los animales”, fundamentando la misma en “el carácter sanitario de esta actividad con repercusión en la salud pública, la función social de la actividad veterinaria y la importancia económica del sector”. La enmienda fue rechazada con los votos en contra del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, absteniéndose los senadores de Ciudadanos, Podemos y Compromís y votando a favor el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) y los senadores de Senadores Majoreros, Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro y dos senadores independientes.
Tramitación de la PNL en el Congreso
El 4 de octubre de 2016 se debatió en el Pleno del Congreso de los Diputados la Proposición No de Ley (PNL) 162/000160 sobre la rebaja del IVA en los servicios veterinarios, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y respaldada por CEVE, que instaba al Gobierno español a “impulsar la modificación la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, con el fin de incorporar los servicios veterinarios no exentos de IVA a las operaciones a las que les es de aplicación el tipo reducido del 10% de dicho impuesto”.
El diputado proponente de la PNL, Joan Capdevila i Esteve, expuso que “disminuir la carga económica de los servicios veterinarios del IVA del 21 al 10 % facilitaría el acceso a esta injustamente tratada parte de la sanidad, disminuiría notablemente los riesgos de transmisión de zoonosis y los gastos de la sanidad pública tratándolas. No por repetido es menos cierto: prevenir es más económico que tratar. No en vano la Oficina Internacional de Epizootias nos advierte reiteradamente de que las temidas enfermedades emergentes y reemergentes son mayoritariamente de origen animal y casi todas ellas zoonóticas, que quiere decir compartidas”.
Durante su debate el Diputado José Vicente Marí Bosó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (GP), reconoció al proponente de la PNL que “yo no puedo poner ningún pero a la intervención que ha realizado el señor Capdevila y coincido en muchos de sus argumentos. Tampoco puedo poner ningún pero a las numerosas cuestiones que ha planteado el señor Capdevila por la defensa que hacen estos colectivos o por el trabajo que hacen estos profesionales en el ámbito de la salud pública. Adoptamos la medida de sujeción al tipo general de la prestación de servicios sanitarios en el marco de la regulación europea del impuesto, que obliga a hacer una lectura muy restrictiva de los supuestos sujetos al tipo reducido. Si es decisiva en el ámbito del IVA la regulación y la interpretación de los organismos comunitarios, es ahí donde debemos residenciar el debate y dirigir nuestros esfuerzos en beneficio de este colectivo sanitario decisivo en el ámbito de la salud pública. Esto es lo que hará el Grupo Parlamentario Popular, trabajar en ese ámbito porque estamos de acuerdo en el fondo de su proposición no de ley y por eso hemos presentado una enmienda”.
La enmienda de modificación presentada por el GP proponía “impulsar, en los foros comunitarios competentes, las reformas necesarias que permitan la modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido con el fin de incorporar los servicios veterinarios no exentos de IVA a las operaciones a las que les es de aplicación el tipo reducido del 10% de dicho impuesto“. Justificaron esta enmienda aduciendo que “el IVA es un impuesto indirecto de ámbito comunitario, cuya aplicación a nivel nacional viene definida por la trasposición de las diferentes Directivas que lo regulan. La legislación nacional tiene que ser acorde a las directivas comunitarias vigentes, por lo que es éste el ámbito en el que hay que impulsar las modificaciones necesarias para rebajar el IVA de los servicios veterinarios”.
Esta enmienda de modificación fue rechazada debido a que la Directiva 2006/112/CE, del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, continuaba admitiendo la posibilidad de aplicar un tipo de IVA reducido a la prestación de servicios de asistencia sanitaria y dental, así como de tratamiento termal, en tanto en cuanto no se encuentren exentos de tributación, dejaba en manos de los Estados miembros la facultad de aplicar un tipo de IVA reducido a los servicios veterinarios y España, de hecho, la estaba aplicando al mantener en el tipo de gravamen reducido a los servicios veterinarios prestados en favor de titulares de explotaciones agrícolas, forestales o ganaderas.
El diputado Francisco Igea Arisqueta, del Grupo Parlamentario Ciudadanos (GCs), reconocía que “es verdad que en la proposición se da una argumentación bastante sensata” y que no había “nada tan apropiado para un partido liberal como el nuestro como votar a favor de una bajada de impuestos”. Finalizó su intervención diciendo que “es cierto que la subida de impuestos de 2012 fue un absoluto desastre y que nosotros proponemos reformarla, pero es que no solo se reformó el impuesto sobre las clínicas veterinarias; también se convirtió en un lujo leer un libro o ir al cine; se convirtió en un lujo ir a la peluquería y se convirtió en un lujo incluso morirse. Por tanto, de lo que se trataba es de saber si había un estado de urgente necesidad para hacer esta reforma y, desde nuestro punto de vista, no lo hay y por eso nos abstendremos”.
El diputado Felipe Jesús Sicilia Alférez, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, expuso que “ese es el verdadero problema que esconde la subida de 13 puntos en el IVA de los servicios veterinarios, un riesgo para la salud pública. Un riesgo del que éramos conscientes los diputados y las diputadas socialistas y por eso esto mismo lo pedimos en el año 2013 en la Comisión de Agricultura, donde se debatió una propuesta socialista para bajar el IVA y dejarlo en el tipo reducido, y el rodillo de la mayoría absoluta del Partido Popular la rechazó. Lo pedimos en el año 2014 registrando las mismas iniciativas en el debate sobre el estado de la Nación, presentando nuestras resoluciones en torno a esta bajada del IVA para los servicios que prestan los veterinarios en sus clínicas, y en todo momento el Partido Popular ha hecho oídos sordos. No ha escuchado al Grupo Parlamentario Socialista ni a otros grupos”.
Continuó señalando que “todos somos conscientes de la gran labor que hace el colectivo veterinario, una labor importante para concienciar sobre la tenencia responsable de animales y sobre educación sanitaria, algo fundamental para nuestra salud pública puesto que son ellos, los veterinarios, quienes se encargan de controlar que las enfermedades que puedan transmitir los animales no pasen al ser humano. Por tanto, hacen una labor extraordinaria y fundamental, insisto, de salud pública. Y desde luego, subir el IVA a los servicios que ellos prestan del 8 al 21 %, 13 puntos, lo que supone es atacar esa salud pública”.
Y terminó anunciando que “mi grupo parlamentario hará lo mismo que hizo en los años 2013, 2014 y 2015, que es pedirle al Gobierno que rebaje el IVA de los servicios veterinarios. Los impuestos deben estar para garantizar mejores servicios de salud pública. Para eso deben estar los impuestos, no para poner en riesgo y en juego con esta medida un servicio como el de la salud pública y como el servicio que prestan los profesionales veterinarios”.
En nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea intervino el diputado Juan Antonio López de Uralde Garmendia, quien dijo que “no estamos hablando hoy de un tema menor; casi en el 50 % de los hogares españoles hay al menos un animal de compañía. Al hablar de la bajada del IVA veterinario no estamos hablando, por tanto, de un tema pequeño, sino de un problema que afecta de manera directa a un alto porcentaje de hogares de nuestra sociedad y, por sus implicaciones en la salud pública, a su conjunto. Estamos ante una subida abusiva y profundamente injusta que convierte a los animales en víctimas silenciosas de una política errónea y que obliga a las personas que tienen animales a su cargo a un esfuerzo económico que a veces no pueden costear, redundando en la renuncia a su cuidado o incluso llevando al condenable abandono del animal”.
Continuó exponiendo que “nosotros no somos liberales, pero desde el punto de vista económico, la subida del IVA veterinario tiene una repercusión muy pequeña en los ingresos del Estado. Sin embargo, y según denuncian las propias asociaciones veterinarias, ha traído como consecuencia el cierre de numerosas clínicas con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. La legislación de protección animal en España obliga a que las personas que tienen animales a su cargo les proporcionen los cuidados necesarios para mantener su salud y bienestar, y por ello los servicios veterinarios son un bien de primera necesidad. Como consecuencia de la subida del IVA, ha descendido de forma alarmante la atención a los animales domésticos y de compañía, empeorando de forma drástica su calidad de vida y su bienestar, lo que de manera evidente pone en peligro el control de las enfermedades que les aquejan, muchas de las cuales, por cierto, pueden afectar al ser humano En concreto, en el caso de la rabia, la vacunación se ha reducido en los últimos dos años hasta valores de hace tres décadas, con el consiguiente riesgo de reaparición de la enfermedad”.
Terminó diciendo que “el IVA de lujo solo ha traído más sufrimiento a los animales y más marginación al dificultar o impedir que las familias más desfavorecidas accedan al beneficio mutuo que conlleva la convivencia con un animal y más precariedad laboral, pues ha provocado menos recaudación y, por tanto, más despidos. Lujos, estos sí, que no podemos permitirnos ni económica ni moralmente, porque curar o atender a un animal herido o enfermo es un deber legal y moral”.
Otro de los grupos parlamentarios que manifestó su apoyo a esta PNL fue el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, quien, por boca del diputado Joseba Andoni Agirretxea Urresti, expuso que “creo que es de justicia abordar este tema de la reducción del IVA, porque, independientemente de que su petición sea justa, no se nos ha explicado en esta Cámara el porqué de la decisión del Gobierno de subir de repente 13 puntos el IVA a unos servicios básicos, fundamentales, como los que prestan las clínicas veterinarias. Aquí tenemos un planteamiento de índole económica, pero también algo que deriva más en lo social. Si usted lleva un caballo, un buey o una ternera al veterinario, le cobran el 10 % del IVA, pero si lleva un perro o un gato, el 21 %. Esa es la diferencia y creo que los servicios que se prestan por las clínicas veterinarias son igual de válidos, positivos y necesarios tanto en un caso como en otro. En definitiva, no varía el servicio prestado, es indiferente el servicio que se dé; es decir, si se cura incluso la misma enfermedad, si se plantean cuestiones de prevención, el servicio prestado no es lo que se considera, sino que se considera diferente al titular. Esto, aparte de ser un agravio comparativo respecto de otras profesiones sanitarias como medicina, odontología o farmacia, que tienen otros IVA que no tienen nada que ver con este, precariza de alguna manera la salud y el bienestar animal de todos los animales de compañía y, en consecuencia, de todos los titulares de esos animales de compañía, de los propietarios de perros y gatos principalmente, generando incluso situaciones de zoonosis, es decir, enfermedades que transmiten los animales a los seres humanos. Y se han dado casos en que, por una cuestión económica, hay gente que está dejando de vacunar a perros; o de llevarlos a desparasitar; o no dando el servicio y atención que ese perro requería precisamente porque la factura está siendo muy alta. Eso, consecuentemente, ha derivado en lo que decíamos: perros con poco bienestar sanitario que pueden transmitir enfermedades a los humanos”.
Finalizó diciendo que “sube el IVA para recaudar más, pero se acaba recaudando menos porque se reduce la actividad, y si se reduce la actividad, al final hay menos IVA porque por mucho que se haya subido, si de lo que se tiene que producir se produce menos, se genera una situación como la de las clínicas veterinarias, que algunas se han cerrado por falta de actividad. Nuestro grupo va a apoyar esta proposición no de ley porque nos parece justa, nos parece equitativa y nos parece necesaria. Además, hemos dado suficientes argumentos para demostrar que es injusto que estos servicios veterinarios, que estas clínicas veterinarias estén cobrando ese porcentaje muchas veces incluso a personas mayores que necesitan un perro de compañía que les dedica una atención especial, que es uno más de la familia. No se puede aplicar un IVA como si fuera un artículo de lujo porque ni perros ni gatos son artículos de lujo, en muchos casos son necesarios. Apoyaremos esta proposición y esperamos que el siguiente Gobierno, sea el que fuera, lleve a cabo lo que estamos proponiendo hoy aquí”.
Por último, intervinieron varios diputados del Grupo Mixto. En nombre de Nueva Canarias el diputado Pedro Quevedo Iturbe señaló que “es necesario no recargar los impuestos sobre las actividades que afectan al interés general. Efectivamente, los servicios veterinarios tienen una triple dimensión. Una dimensión económica, que claramente se ve perjudicada por semejante incremento impositivo del lamentable Real Decreto 20/2012. En segundo lugar, tiene un efecto sobre la salud animal y los derechos de los animales y de los propietarios de las mascotas, que algún derecho tendrán. Yo soy médico, de personas, pero tengo muy claro que la salud animal interviene decisivamente sobre la salud pública que afecta a los humanos. Aunque solo fuese por interés propio, nos interesaría defender la sanidad animal, que es un servicio sanitario como otro cualquiera. Debe quedar perfectamente claro que en la medida en que las zoonosis sean controladas, estaremos mejorando la salud pública. Todos esos objetivos dignifican esta proposición no de ley y, en consecuencia, la vamos a apoyar”.
En nombre de Foro, el diputado Isidro Manuel Martínez Oblanca justificó “la necesidad de modificar un IVA cuya subida causó un efecto perverso reflejado en un menor control, seguimiento y bienestar de los animales de compañía. Con menoscabo de la veterinaria, que es -lo recalco- una profesión sanitaria, la subida del IVA del 8 % al 21 % acrecentó desde 2012 las dificultades para que los dueños de mascotas puedan asumir los gastos de servicios básicos. Y eso ha arrastrado consecuencias para la salud del animal que repercuten en un riesgo para la salud pública. Además, prolongar la aplicación de este gravamen del 21 % supone un agravio comparativo entre las profesiones sanitarias y va en perjuicio del sector albéitar. Por último, cabe señalar que a España le conviene urgentemente aliviar los impuestos y ese es para Foro un compromiso político irrenunciable”.
Finalmente, el diputado Ferran Bel Accensi, del Partido Demócrata Europeo Catalán, señaló que “hemos tenido iniciativas de estas características en diferentes ocasiones a lo largo de la anterior legislatura y no hemos tenido suerte. La directiva relativa al sistema común del IVA regula el tipo reducido en el artículo 98. En el anexo III de la directiva se hace relación de todos los productos o servicios que pueden ser prestados a tipo reducido. El apartado 17 establece: “Prestación de asistencia sanitaria y dental, así como de tratamiento termal, en tanto en cuanto no esté exenta”. Copia literal del apartado 11 del artículo 91 de la Ley del IVA que estuvo vigente hasta la aplicación del Real Decreto 20/2012. Es tan sencillo como retornar a la literalidad de la Ley del IVA que se estaba aplicando. Evidentemente, la prestación de los servicios veterinarios es asistencia sanitaria. Espero que esto se apruebe hoy y de ser así, si el Gobierno no cumpliera con el mandato de esta Cámara, tendremos que proponer una iniciativa de carácter legislativo en esta Cámara. Tendrá también nuestro apoyo”.
En conclusión, la PNL fue aprobada con los votos favorables de la mayoría de los diputados, con la oposición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la abstención del Grupo Parlamentario Ciudadanos y de los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro.
Tramitación del IVA Veterinario en los PGE
Posteriormente, durante la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 se presentaron tres enmiendas buscando devolver a los servicios veterinarios al tipo de gravamen reducido de IVA. Fueron presentadas por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, “en cumplimiento del mandato parlamentario dada la aprobación por el Pleno del Congreso de los Diputados en fecha 4 de octubre de 2016 de la Proposición no de Ley sobre la rebaja del IVA en los servicios veterinarios”, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, debido a que “la eliminación del tipo de gravamen reducido del IVA para los servicios de sanidad veterinaria ha producido un encarecimiento significativo y una mayor dificultad de acceso a los mismos por parte de las familias, con el consiguiente efecto no sólo para la sanidad de los animales, sino para la sanidad y calidad de vida general” y por el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, ya que “mantener el IVA del 21%, en vez de un IVA al 10% para los servicios veterinarios, supone un incremento del riesgo sanitario, al no considerar la importancia sanitaria de las actividades de prevención y tratamiento de las zoonosis realizadas por el colectivo veterinario y un perjuicio económico para el sector”.
Ninguna de estas enmiendas llegó a debatirse en el Pleno del Congreso, ya que el Gobierno, en una decisión sin precedentes, ejerció su derecho a vetar aquellas enmiendas que pudiesen producir un aumento del gasto o una disminución de los ingresos. Esta actuación del gobierno fue apoyada por el Partido Popular y Ciudadanos y rechazada por la oposición.
El frecuente uso de esta prerrogativa para el veto acabó en el Tribunal Constitucional, quien en sentencia de 12 de abril de 2018 dictaminó que “el Gobierno debe justificar de forma explícita la adecuada conexión entre la medida que se propone y los ingresos y gastos presupuestarios. Esta conexión debe ser directa e inmediata, actual, por tanto, y no meramente hipotética. Debe además referirse al Presupuesto en particular, sin que pueda aceptarse un veto del Ejecutivo a proposiciones que, en el futuro, pudieran afectar a los ingresos y gastos públicos, pues ello supondría un ensanchamiento de la potestad de veto incompatible con el protagonismo que en materia legislativa otorga a las Cámaras la propia Constitución (art. 66 CE)”.
Y es aquí donde nos encontramos en la situación vivida los días pasados, con la tramitación en el Congreso del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
CEVE, como ya hemos dicho, había encargado durante el año 2017 a una entidad independiente, la Escola Universitària Mediterrani de Barcelona, adscrita a la Universidad de Gerona, la elaboración de un informe sobre la situación socioeconómica y laboral del sector veterinario de animales de compañía en España, con el fin de disponer de una visión veraz y lo más fidedigna posible tomando como objeto de análisis los datos económicos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística.
Los resultados de este estudio sirvieron para que CEVE, apoyada por la CEOE, promoviese la presentación de sendas enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. Nuevamente el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto presentaron, cada uno de ellos, una enmienda solicitando el retorno de los servicios veterinarios, en su conjunto, al tipo reducido de gravamen del IVA. Se reiteró la petición de “cumplimiento al mandato parlamentario derivado de la aprobación por el Pleno del Congreso de los Diputados de la Proposición No de Ley sobre la rebaja del IVA en los servicios veterinarios” y se puso en evidencia que “mantener el IVA para los servicios veterinarios en el tipo general supone un incremento del riesgo sanitario, al no considerar la importancia sanitaria de las actividades de prevención y tratamiento de las zoonosis realizadas por el colectivo veterinario, y un perjuicio económico para el sector”. Pero, además, en la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, se hizo referencia al informe encargado por CEVE, en el que se concluye que “Hacienda ingresaría al menos 5 millones de euros más por distintos conceptos si se aplicase el IVA reducido (10 %) a las clínicas veterinarias de animales de compañía en lugar del general (21 %). Este cambio aportaría además numerosas ventajas económicas y sociales, como la mejora del mercado laboral para los profesionales del sector, el incremento de los márgenes comerciales, el ajuste de los precios para los clientes, el aumento de la cifra de negocio de las empresas proveedoras y una situación sanitaria más favorable”.
Así las cosas, viendo que las enmiendas presentadas han de producir un aumento de los ingresos tributarios y que las intervenciones de los representantes de los diversos grupos fueron aprobadoras en cuanto a lo razonable y justo de la demanda de retorno del IVA al tipo reducido en la única ocasión en que en el Pleno del Congreso se ha debatido el IVA de los servicios veterinarios, no cabía esperar otra cosa que su aprobación. Especialmente porque empezamos a vivir una sólida recuperación económica general y porque todos los representantes de los partidos con los que CEVE se ha reunido han acogido con enorme interés y comprensión la información y las peticiones que CEVE les ha transmitido.
Pero nuevamente el Gobierno decidió vetar las enmiendas. En esta ocasión este veto debía ser evaluado por la Mesa de la Comisión de Presupuestos, quien, con los votos a favor de los representantes del Partido Popular y Ciudadanos, consideró que el veto era conveniente. Y ello a pesar de la existencia de un informe independiente que indica que esta medida ni supondría un aumento del gasto ni una disminución de los ingresos.
No eran éstas las únicas enmiendas promovidas por CEVE. Tanto el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana como el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto presentaron sendas enmiendas encaminadas a crear dos subclases de la clase 75 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009), con el fin de que se pudiesen tener datos segregados de las actividades veterinarias de control y cuidados médicos dispensados por un lado a animales de granja de los dispensados y por otro a animales de compañía.
Tampoco fue posible. Fueron rechazadas con los votos en contra del PP, Ciudadanos, PNV, UPN, Foro, Coalición Canaria y Nueva Canarias. Estas enmiendas no fueron vetadas puesto que al tratarse de una simple cuestión estadística no supone ni aumento de gasto ni disminución de los ingresos. Pero, ¿qué motivos hay para oponerse a una medida que pretende aumentar el conocimiento de un sector tan importante como el veterinario de animales de compañía? ¿Por qué negarle herramientas que faciliten su progreso y prosperidad?
SOÑANDO CON EL FUTURO
Vivimos días extraños en los que una reducción de impuestos es defendida por la izquierda y encuentra la oposición de la derecha y los liberales. Y donde, en el mundo del big data, se niega a un sector la posibilidad de conocerse mejor.
Puede que todo sea diferente a partir de ahora. El pasado 1 de junio Pedro Sánchez se convertía en presidente del Gobierno de España, tras salir victorioso en una moción de censura contra Mariano Rajoy. Llega un tiempo, nos dicen, en el que no se vetarán las iniciativas legislativas. La misma mayoría que ha propiciado un cambio en la presidencia del gobierno aprobó en su día la PNL que solicitaba el retorno del IVA de los servicios veterinarios al tipo reducido. Se ha iniciado un tiempo de cambio. Esperamos que no pase mucho tiempo antes de que, sin vetos gubernamentales, veamos aprobada esta reforma que ha sido vehementemente defendida por PSOE, Podemos, ERC, PNV, PDeCat, Coalición Canaria, Nueva Canarias y Foro y que el resto de grupos parlamentarios ven de justicia.
Realmente confiamos en que se deshaga esta situación de injusticia social, ahora que existe la posibilidad real de lograrlo. Porque de no hacerlo, paradojas de la política, seguiríamos viviendo, lamentablemente, en un mundo al revés.
Lamentablemente, estamos en un mundo al reves. Ha quedado demostrado.