- El trabajo colectivo a favor de la Iniciativa Legislativa Popular para derogar el Real Decreto 666/2013 suma ya 593.000 firmas comprometidas, de las que 210.000 ya se han verificado
- Sebastià Rotger, presidente de CEVE, anima al sector y recuerda que el plazo de la ILP se ha alargado hasta noviembre: “Agradezco el enorme esfuerzo colectivo, nos queda un último empujón”
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que promueve la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE) ya ha comprometido 593.000 firmas por todo el país, de las que 210.000 ya han sido verificadas. De esta forma, el trabajo de las diferentes sectoriales y organizaciones de CEVE se acerca al objetivo de alcanzar las 500.000 firmas para que el polémico Real Decreto 666/2023, que ha causado un rechazo mayoritario entre los profesionales veterinarios, vuelva al Congreso para ser modificado o derogado.
El presidente de CEVE, Sebastià Rotger, anima a todos los implicados, tanto del ámbito veterinario como de la sociedad en general -puede firmar cualquier ciudadano-, a seguir trabajando en la consecución del objetivo marcado el pasado otoño al presentarse la ILP: “Agradezco el enorme esfuerzo colectivo, nos queda un último esfuerzo, especialmente en la recogida de los pliegos solicitados y que hemos ido enviando los últimos meses”.
Al respecto, Rotger recuerda que la Junta Electoral Central concedió una prórroga hasta el 10 de noviembre de la ILP, cuyo plazo inicial de recogida de firmas finalizaba en agosto. Una prórroga que “tiene un significado político y profesional evidente: la ILP sigue viva, gana tiempo y se sitúa en condiciones reales de culminar con éxito, pese a la actitud de obstrucción constante que CEVE viene denunciando por parte del Consejo General de Veterinarios”, asegura el presidente de CEVE. Rotger cree que “el Consejo debería representar a los veterinarios y no actuar contra una iniciativa nacida del propio sector”.
La patronal veterinaria, organización representativa de la mayoría del sector veterinario empresarial en España, viene manifestando desde su entrada en vigor su rechazo frontal al proyecto de modificación del RD 666/2023, que ha demostrado ser inoperante, generador de inseguridad jurídica y profundamente lesivo para la actividad veterinaria.
CEVE defiende que la derogación completa del RD 666/2023 no es una posición maximalista, sino una conclusión técnica basada en la experiencia acumulada desde su aplicación. El sector veterinario reclama una regulación nueva, construida desde el diálogo real con los agentes representativos, que garantice seguridad jurídica, respete las competencias profesionales y refuerce la función del veterinario como pilar esencial de la salud pública. La derogación del RD 666/2023 constituye el único punto de partida posible para una regulación útil, proporcional y alineada con la realidad del ejercicio veterinario en España.
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