- La asesora veterinaria y ex presidenta de CEVE Delia Saleno plantea en el V Congreso de Derecho Farmacéutico la necesidad de revisar qué intereses deben prevalecer cuando existen conflictos en torno a la prescripción y dispensación de medicamentos
- “Lo que más desea la empresa veterinaria es una buena seguridad jurídica que refleje la necesidad de la sociedad y lo que más desea el veterinario es que lo ético sea legal para que pueda prescribir en base a la ciencia actualizada y curar a sus pacientes”
La asesora y ex presidenta de la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE) Delia Saleno planteó en el V Congreso de Derecho Farmacéutico, celebrado el pasado jueves y viernes en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, la necesidad de abrir un debate jurídico y ético sobre la finalidad última de la regulación del medicamento veterinario y sobre qué intereses debe proteger cuando existen conflictos. Durante su participación en la mesa redonda Prescripción y dispensación del medicamento veterinario: actores, límites y responsabilidades, Saleno cuestionó si el marco normativo está teniendo suficientemente en cuenta a todos los sujetos afectados: el animal, el consumidor, la salud pública, la industria, la distribución, el prescriptor y el dispensador.
Desde su posición como asistente de la patronal veterinaria, Saleno puso especialmente el foco en la necesidad de diferenciar las distintas realidades de la medicina veterinaria. En este sentido, planteó si resulta adecuado aplicar la misma lógica al animal productor de alimentos, vinculado a una actividad productiva y a una vida generalmente más corta, que al animal no productor, cuyo valor trasciende la rentabilidad económica y que puede alcanzar la etapa geriátrica, con la consiguiente aparición de patologías complejas. «¿Qué prevalece cuando hay conflicto de intereses?», planteó la ex presidenta de CEVE, situando esta cuestión en el centro del debate sobre la evolución del derecho farmacéutico veterinario.
Saleno trasladó asimismo un ejemplo concreto para ilustrar las consecuencias que determinadas limitaciones en el acceso al medicamento pueden tener sobre la sociedad: el caso de los perros de asistencia. Se trata de animales cuyo entrenamiento puede prolongarse durante alrededor de dos años y representar una inversión de entre 80.000 y 100.000 euros, pero cuyo valor no se limita a su dimensión económica, ya que su función tiene un impacto directo en la calidad de vida, autonomía e independencia de personas con enfermedades crónicas. En este contexto, cuestionó si es correcto y ético que las restricciones existentes puedan impedir tratar determinadas infecciones graves en estos animales.
Criterios de seguridad, trazabilidad y salud pública
La intervención de Delia Saleno puso sobre la mesa la necesidad de que el debate regulatorio sobre el medicamento veterinario incorpore no solo criterios de seguridad, trazabilidad y salud pública, sino también las diferentes funciones que desempeñan los animales y las consecuencias que las decisiones sobre su tratamiento pueden tener tanto para ellos como para las personas.
“Lo que más desea la empresa veterinaria es una buena seguridad jurídica que refleje verdaderamente la necesidad de la sociedad y lo que más desea el veterinario en su ejercicio clínico es que lo ético sea legal para que pueda prescribir en base a la ciencia actualizada y curar a sus pacientes. De lo contrario, si seguimos igual tendremos un fuerte impacto laboral con burnout a niveles inasumibles, con abandono de la profesión, sobre todo de la actividad clínica. Ya empezamos tener muchos problemas para cubrir las vacantes y muchos jóvenes deciden ir a trabajar a otros países de la UE donde son tratados con mucho más respeto a nivel profesional”, destacó Saleno en sus conclusiones.
Dicho planteamiento se produjo en el marco de un Congreso que reunió a representantes de la Administración, la abogacía, la industria farmacéutica, el sector veterinario y otros agentes vinculados al derecho farmacéutico.
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