La ILP CEVE se acerca a las 400.000 firmas verificadas

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que promueve la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE) contabiliza 800.000 firmas comprometidas por todo el país, de las que casi la mitad ya han sido verificadas. De esta forma, el trabajo de las diferentes sectoriales y organizaciones de CEVE se acerca al objetivo de alcanzar las 500.000 firmas para que el polémico Real Decreto 666/2023, que ha causado un rechazo mayoritario entre los profesionales veterinarios, vuelva al Congreso para ser modificado o derogado.

CEVE ya logró meses atrás la concesión por parte de la Junta Electoral Central de la prórroga hasta el 10 de noviembre de la ILP, que promueve la derogación del Real Decreto 666/2023, cuyo plazo inicial de recogida de firmas finalizaba el pasado mes de agosto, con el objetivo de “ganar tiempo y lograr culminar el trabajo de mucha gente con éxito”, aseguró entonces el presidente de CEVE, Sebastià Rotger.

“Ahora estamos redoblando los esfuerzos en la recuperación de todos los pliegos entregados y ya firmados, de forma que sean devueltos y verificados a tiempo. A falta de pocas semanas, estamos muy cerca del objetivo”, recuerda la vicepresidenta de CEVE, Mari Paz Castellano, una de las impulsoras de la ILP.

Desde la patronal veterinaria se “agradece enormemente el gran esfuerzo colectivo realizado hasta la fecha. Nos queda un último esfuerzo, especialmente en la recogida de los pliegos solicitados que hemos ido enviando los últimos meses”.

La patronal veterinaria, organización representativa de la mayoría del sector veterinario empresarial en España, viene manifestando desde su entrada en vigor su rechazo frontal al proyecto de modificación del RD 666/2023, que ha demostrado ser inoperante, generador de inseguridad jurídica y profundamente lesivo para la actividad veterinaria.

CEVE defiende que la derogación completa del RD 666/2023 no es una posición maximalista, sino una conclusión técnica basada en la experiencia acumulada desde su aplicación.

El sector veterinario reclama una regulación nueva, construida desde el diálogo real con los agentes representativos, que garantice seguridad jurídica, respete las competencias profesionales y refuerce la función del veterinario como pilar esencial de la salud pública. La derogación del RD 666/2023 constituye el único punto de partida posible para una regulación útil, proporcional y alineada con la realidad del ejercicio veterinario en España. ‎


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