Miles de veterinarios se manifiestan en toda España y exigen la derogación del Real Decreto 666/2023 del Gobierno

El Real Decreto 666/2023, de 18 de julio, que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios en España, restringe el acceso a los tratamientos animales. “Estamos ante un problema de salud de nuestros animales de compañía, de salud pública y de derechos del consumidor”, señala el presidente de la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE), Sebastià Rotger.

Esta prohibición data del año 1995 y actualmente contradice el reglamento europeo sobre medicamento veterinario. La CEVE persigue desde 2019 un cambio legislativo en este sentido. Hasta ahora los centros sanitarios han cedido sus medicamentos para tratamiento de las patologías de los animales de compañía cobrando por el servicio, no por el medicamento. “Así debemos seguir procediendo ya que la red de farmacias no ha sido capaz en 30 años ni lo será de dar respuesta a una problemática tan compleja. Ellos no tienen conocimientos en salud animal”, añade Rotger. En el caso particular de los antibióticos, el problema es “más grave aún” porque se ha regulado eliminando el criterio clínico y científico de los veterinarios.

Los veterinarios ya se manifestaron el pasado 5 de marzo ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en Madrid, en el que recae esta cuestión tratada desde una perspectiva de producción ganadera.

Multitudinaria recogida de firmas

Asimismo, los veterinarios han iniciado el pasado fin de semana una recogida de firmas para presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) solicitando la retirada de la polémica norma. Reclaman “la reforma de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, de manera que elimine la incompatibilidad entre prescripción y venta del medicamento al facultativo veterinario, permitiendo la venta al menor de los medicamentos veterinarios por los centros veterinarios y veterinarios en ejercicio clínico, en igualdad con el resto de los países comunitarios”.

Por último, también piden el retorno de todas las competencias sanitarias al Ministerio de Sanidad reconociendo la actividad veterinaria como una actividad sanitaria y garante de la salud pública en todo su conjunto.


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