La Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE) comparte la profunda preocupación existente en el sector clínico veterinario ante la reciente sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Málaga, que condena una actuación profesional que, a juicio las organizaciones representativas del sector, se ajustó al correcto ejercicio técnico y profesional de la veterinaria implicada.
El caso en concreto, publicado en Diario Veterinario, hace referencia a la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga que condena a una veterinaria a indemnizar con 3.350 euros al propietario de un perro que falleció pocas horas después de recibir simultáneamente dos vacunas de distintos laboratorios, al considerar que la profesional no actuó conforme a la lex artis.
La patronal veterinaria considera que una resolución de estas características puede tener consecuencias muy negativas para el ejercicio de la profesión veterinaria porque, aunque no genera jurisprudencia, provoca inseguridad jurídica y condiciona la capacidad de actuación de los profesionales en hospitales y clínicas veterinarias en el desempeño de sus funciones asistenciales.
Además, esta situación vuelve a poner de manifiesto la insuficiente actuación del Consejo General de Colegios de la Profesión Veterinaria de España en la defensa efectiva del ejercicio profesional y de los intereses de los veterinarios. Corresponde a los propios profesionales exigir al Consejo General, como institución que ostenta su representación institucional, el cumplimiento efectivo de las funciones y obligaciones legalmente atribuidas en defensa de la profesión y los legítimos intereses de los veterinarios.
La ILP de CEVE, vía a la derogación del RD 666/2023
Asimismo, CEVE señala que la reciente sentencia de la Audiencia de Málaga se ha basado en las indicaciones estrictas de las fichas técnicas establecidas en el Real Decreto 666/2023 y no en los criterios veterinarios. De esta forma, refuerza la exigencia de CEVE de derogar el polémico 666/2023 que genera inseguridad jurídica, cargas administrativas desproporcionadas y efectos negativos sobre la actividad clínica.
El ejemplo de la reciente sentencia de la Audiencia de Málaga reafirma la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que promueve CEVE para que el polémico Real Decreto 666/2023 vuelva al Congreso de los Diputados y pueda ser derogado.
El presidente de CEVE, Sebastià Rotger, anima a todos los implicados, tanto del ámbito veterinario como de la sociedad en general -puede firmar cualquier ciudadano-, a seguir trabajando en la consecución del objetivo marcado hace casi ya un año al presentarse la ILP: “Ya queda poco, hay que seguir pidiendo pliegos y, lo que es aún más importante, recolectando y enviando las firmas correspondientes”.
CEVE anunció recientemente la concesión por parte de la Junta Electoral Central de la prórroga hasta el 10 de noviembre de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que promueve la derogación del Real Decreto 666/2023, cuyo plazo inicial de recogida de firmas finalizaba este agosto.
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