
- La patronal veterinaria contesta la comunicación previa de la OCV sobre la desconvocatoria de la manifestación prevista para el 18F exponiendo por qué contradice la posición mayoritaria del sector, incluyendo colegios como los de Barcelona, Madrid y Cádiz, y las solicitudes del Comité de Crisis Veterinario
- La estrategia de la OCV parece orientada a proyectar una imagen de interlocución con las administraciones y de respuesta a las inquietudes profesionales, pero no responde de forma coherente a la demanda mayoritaria de derogación del RD 666/2023
Ante la reciente publicación de una nota de prensa por parte de la Organización Colegial Veterinaria (OCV) en la que se anuncia el aplazamiento de la manifestación prevista el 18 de febrero para exigir una reforma del Real Decreto 666/2023, la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE) considera necesario aclarar y confrontar con rigor las afirmaciones realizadas y situarlas en la perspectiva del malestar real de la profesión veterinaria.
Según la comunicación del Consejo Colegial, la manifestación se pospone por motivos logísticos y climatológicos y se emplaza a una fecha indeterminada entre el 2 y el 8 de marzo de 2026 frente al Congreso de los Diputados, coincidiendo con un pleno parlamentario. El comunicado afirma que la protesta debía trasladar a las administraciones “la urgencia de adoptar decisiones que corrijan de forma efectiva los problemas generados por el marco actual” y reclama un compromiso claro para que la revisión normativa responda a la realidad asistencial.
Sin embargo, la realidad de fondo es distinta. CEVE ha reiterado de forma pública y documentada que la mera reforma del RD 666/2023 no responde a las demandas mayoritarias del colectivo veterinario ni a las consecuencias que la norma ha provocado desde su entrada en vigor. La patronal ha señalado que las modificaciones planteadas no corrigen los problemas estructurales de la norma, generan inseguridad jurídica y perpetúan un modelo que ha llevado a reducciones relevantes en la prestación de servicios veterinarios y merma de competencias profesionales.
La convocatoria original de manifestación por parte del Consejo, al igual que su aplazamiento, obvia deliberadamente la reivindicación central acumulada en los últimos meses por la mayoría del sector profesional: la derogación completa del RD 666/2023 como única vía viable para garantizar seguridad jurídica, criterios clínicos basados en evidencia e igualdad con los estándares europeos. Esta reivindicación ha sido respaldada por numerosas organizaciones profesionales y colegios veterinarios provinciales, incluida la movilización sectorial organizada por el Comité de Crisis Veterinario.
La OCV no responde a las posiciones mayoritarias
La nota del Consejo también destaca avances parciales en la propuesta de modificación del RD (como la libertad de prescripción por criterio clínico o facilitaciones en la cesión de medicamentos para determinados animales), pero estos cambios no abarcan por completo ni solucionan las barreras más graves que la normativa impone y que múltiples colectivos han señalado de forma reiterada.
Para CEVE, la estrategia comunicativa del Consejo Colegial parece orientada a proyectar una imagen de interlocución con las administraciones y de respuesta a las inquietudes profesionales, cuando en realidad no se está respondiendo de forma coherente a la demanda mayoritaria de derogación. Esta táctica genera confusión en el sector y disocia las prácticas comunicativas de las posiciones mayoritarias expresadas no solo por asociaciones como CEVE, sino también por colegios tan representativos como los de Barcelona, Madrid o Cádiz.
CEVE considera que esta desconexión entre la comunicación oficial del Consejo y la voz real de la profesión dificulta la articulación de una respuesta sectorial unitaria y efectiva. Por eso, la patronal reitera que la derogación completa del RD 666/2023 es la única solución que responde a las necesidades del sector veterinario clínico y empresarial, y que cualquier proceso de reforma que no sitúe ese objetivo como elemento central no puede considerarse representativo de las demandas profesionales.
CEVE mantendrá su posicionamiento público y seguirá trabajando con organizaciones, colegios y administraciones para que las soluciones normativas reflejen las necesidades reales de los veterinarios y garanticen la seguridad jurídica y la calidad sanitaria.

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